El derecho de familia

Hoy queremos hablar sobre el derecho de familia y brindarte toda la información general sobre este concepto legal que ha crecido en popularidad este año 2018.

El concepto de familia designa a un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntas. Se trata de una institución natural aceptada socialmente y que cumple unas funciones básicas. En la familia, por ejemplo, convive gente productiva e improductiva que comparte el patrimonio, luego se trata de una unidad de consumo.

Además, la familia transmite valores y funciones junto con otras instituciones, como la escuela (función socializadora), y permite a sus miembros satisfacer sus necesidades afectivas (función psicológica).

Como institución, la familia es connatural a la condición humana, algo que supera incluso las diferencias que podamos encontrar entre diferentes culturas y etapas históricas. En cualquier caso, existe un conjunto de miembros unidos por lazos de sangre que tienen intereses similares.

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Al acercarnos al concepto de familia en su sentido más amplio, entendemos por qué es tan importante el Derecho de familia: trata de regular su unión y su disolución, resguardar su patrimonio y proteger, en definitiva, a sus miembros, sobre todo a los más vulnerables.

¿Quieres saber la definición exacta y los casos relacionados con el ámbito legal del derecho de familia? Te lo contamos a continuación:

Qué es el derecho de familia

Al hablar de derecho de familia, hablamos de las normas del Derecho civil (y, por tanto, del Derecho Privado) que se refieren al núcleo familiar en cuanto a institución. Esto atañe, básicamente a tres conceptos fundamentales:

• En primer lugar, el de matrimonio, que engloba no solo la celebración del mismo sino también efectos personales y económicos (como pueden ser los diferentes regímenes económicos), así como situaciones que puedan derivarse del matrimonio mismo, como el divorcio.
• En segundo lugar, el de filiación, cuyas normas jurídicas regulan tanto la parte matrimonial como la de fuera del matrimonio o la adoptiva, así como la custodia de los hijos.
• Y, en tercer lugar, la tutela, relativas a la custodia de los hijos de menos de 18 años o incapacitados.

Parejas no casadas

Tiene tal consideración las parejas que, pese a tener una relación estable, no están casadas ni registradas ante ninguna administración. Sin embargo, si conviven de manera continuada, se le reconocen una serie de derechos.

La pareja de hecho está recogida dentro del Derecho de familia, como lo está el matrimonio, aunque ambas figuras no son equiparables entre sí. Es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, nos dice que la unión de hecho no tiene nada que ver con el matrimonio.

En cuanto a estas uniones, hay comunidades autónomas que han dictado normas para su regulación, como es el caso de Madrid, que aprobó la Ley de Uniones de Hecho. Que no lo hayan hecho todas ni lo hayan hecho en los mismo términos, implica que existan desigualdades entre la ciudadanía en España, en función de dónde residen.

Una pareja de hecho es una unión libre, pública y estable de dos personas. Para comprender qué es, ayuda saber qué requisitos se piden para que sea reconocida como tal: ser mayor de edad, llevar uno o dos años de convivencia (acreditadas mediante declaraciones de testigos), no estar casado y estar empadronado en la comunidad autónoma en la que se solicita la inscripción.

En cuanto a relaciones paternofiliales, la pareja de hecho tiene el mismo tratamiento que el matrimonio en caso de ruptura, y en relación a los hijos. Sin embargo, en relación a la pensión compensatoria, hay comunidades que la contemplan para alguno de los miembros y otras que no lo hacen, por lo que ambos deben llegar a un acuerdo. O, en su caso, acudir a un procedimiento distinto que en el caso de los matrimonios.

Son destacables también las diferencias en cuanto a la pensión de viudedad. En el matrimonio, los cónyuges tienen derecho al margen de cuánto ha durado el matrimonio o qué ingresos percibe la persona que queda viuda.

Pero una pareja de hecho necesitará acreditar que lo ha sido de manera ininterrumpida durante los últimos dos años (mediante inscripción en el registro), que han convivido durante los últimos cinco años (mediante certificado de empadronamiento) y que los ingresos del superviviente no superan los límites establecidos según la comunidad autónoma.

Donde radican las diferencias más llamativas, sin embargo, es en el capítulo de sucesiones y donaciones. Un miembro de la pareja de hecho no tiene derecho a heredar del otro, por lo que se hace necesario el testamento. Aunque sean copropietarios de una vivienda, no tendrían derecho a heredar la otra mitad, sino que lo harían sus herederos legales. En el matrimonio, en cambio, el viudo o la viuda sí que tienen pleno derecho a disfrutar del usufructo.

A la hora de valorar qué opción es la más adecuada, una pareja debe saber que también hay diferencias importantes en el régimen económico, en la fiscalidad, en los permisos laborales retribuidos (como los de paternidad y maternidad), la adopción (resulta más complicado en la práctica superar los trámites) y a la hora de disolver la unión.

Matrimonio

Pueden contraer matrimonio dos personas, del mismo sexo o de diferente, siempre que no sean menores de edad no emancipados, familia de sangre o adoptiva, o personas involucradas en la muerte del cónyuge.

Cualquier español puede casarse dentro o fuera del país, ante la institución competente o en la forma religiosa que esté legalmente recogida. El Código Civil también regula la celebración del matrimonio en peligro de muerte (donde destacan los casos de militares) o del matrimonio secreto, si concurre causa grave lo suficientemente probada.

Para contraer matrimonio, una pareja debe acreditar de forma previa que reúnen los requisitos para poder hacerlo, mediante un expediente tramitado por el Registro Civil.

En caso de que uno tenga deficiencias psíquicas, será necesario dictamen médico para expresar consentimiento. El matrimonio, decíamos, debe celebrarse ante el juez, el alcalde funcionario correspondiente, en los términos que quedan también recogidos en el Código Civil.

Nulidad, separación y divorcio

Se entiende que un matrimonio es nulo si ha celebrado sin consentimiento, o si sus miembros son menores de edad no emancipados o parientes.

También se considera matrimonio nulo los que no lleven aparejados la intervención de una autoridad competente, los que sean fruto de un error en la identidad o los que se contraigan por coacción o miedo.

Son los cónyuges, el Ministerio Fiscal o cualquier persona con interés directo y legítimo quienes los pueden solicitar.

En cuanto a la separación, será decretada judicialmente cuando existan hijos menores no emancipados o que dependa de sus progenitores. Lo pueden pedir ambos cónyuges o uno con el consentimiento del otro después de tres meses de la celebración del matrimonio, o a petición de uno solo transcurrido el mismo tiempo (a no ser que exista riesgo).

En su caso, los hijos mayores o menores emancipados deben otorgar consentimiento ante el Secretario judicial o notario respecto a las medidas que les afecten. Cabe destacar también que la reconciliación pone término al procedimiento.

En lo que respecta al divorcio, lo más destacable es que puede ser de mutuo acuerdo o contencioso. En el primer caso, como sucede con la separación judicial de mutuo acuerdo, se trata de un procedimiento sencillo, en el que la demanda debe ir acompañada por un convenio regulador que recoja los acuerdos alcanzados en cuanto a guardia y custodia de los hijos, régimen de visitas, uso de la vivienda familiar…

El divorcio contencioso, por su parte, no lleva a aparejados pactos ni necesita causa de alegación. Es un procedimiento más largo y más complejo, en el que será un juez quien decida lo anterior. Este puede decretar medidas provisionales con carácter previo y simultáneo al procedimiento judicial.

Además, un matrimonio queda también disuelto cuando se produce la muerte de uno de sus miembros.

Custodia de hijos

Las separaciones y divorcios, como disolución del vínculo matrimonial, tienen diferentes efectos, además de cómo queden el cuidado de los hijos, el régimen familiar, el uso de la vivienda familiar... Conlleva la pérdida de los derechos sucesorios y a la pensión de viudedad, y ya no hay que atender a deberes. Lo que sí siguen existiendo son las obligaciones para con los hijos.

La decisión acerca de la custodia de los hijos dependerá del proceso que sigan las partes involucradas, pues no es lo mismo una separación o divorcio de mutuo acuerdo que contencioso. En cualquier caso, intervienen abogados, consejeros y mediadores que ayudan a los padres a alcanzar un acuerdo.

Si es un juez de familia quien decide, lo habitual es que considere varios factores y se decante por el interés del menor. Entre los criterios para decidir esto último suele pensar el concepto de guardián primario del menor, ya que se considera que continuar un vínculo emocional con este es importante durante sus etapas de desarrollo.

Para determinar quién es el guardián primario, el juez se centra en el cuidado directo, incluyendo tareas como vestir al menor, preparar su comida, cuidarle cuando está enfermo, ayudarle en las tareas escolares… Lo hace con ayuda de un informe elaborado por el equipo psicosocial de los Juzgados.

El juez también valorará, a la hora de otorgar la custodia compartida, la buena o mala relación de los cónyuges, la edad de los menores y el número de hijos, las preferencias que estos tengan, cómo ha sido la relación de cada cónyuge con ellos, cuál es la disponibilidad de cada uno, si sus pautas educativas son similares, si sus domicilios están cerca o si cumplen con sus tareas como padres.

Una vez más, hay diferencias entre comunidades destacables, sobre todo, en lo que respecta a custodia compartida. En Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, esta forma tiene un tratamiento preferente.

Tradicionalmente, la custodia se ha dado a las madres, y los cierto es que eran pocos los padres que la solicitaban. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, esta se otorga ya en una de cada cuatro rupturas. En apenas ocho años ha subido 15 puntos porcentuales.

Abuso y violencia doméstica

Hablamos de malos tratos en el hogar familiar.

La violencia doméstica, por su lado, recoge tres conductas: el menoscabo psíquico o cualquier otra lesión, el golpeo o maltrato sin que haya daño y la amenaza a un familiar aunque sea de manera leve, o utilizando armas e instrumentos peligrosos.

En el caso de la violencia doméstica se exige la habitualidad (tres actos violentos acreditados, aunque no haya sido procesados). La pena es de tres meses a un año de prisión, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Serán más graves si el delito se produce en presencia de menores (sean parientes o no), se usen armas, se perpetre en el domicilio común o se quebrante alguna pena o medida cautelar.

La víctima debe ser o haber sido cónyuge o persona ligada por relación análoga, aunque no haya existido convivencia. Hablamos también de descendientes, ascendientes o hermanos, sea por naturaleza, adopción o a afinidad; de menores o incapaces que se hallen sujetos a tutela, acogimiento o guarda; o de una persona amparada por cualquier otra relación que esté integrada en el núcleo familiar de convivencia.

En cuanto a abuso, lo más destacable es el abuso sexual a menores. Se consideran como tal los actos que atenten contra la libertad y la indemnidad sexual de otra personal, sin que se tenga que haber producido violencia e intimidación.

No media consentimiento válido si, en el caso de los mayores de 16 años, no se le ha preguntado o se ha expresado negativa. Si se trata de menores de esas edad, privadas de su sentido o con un trastorno mental, se contemplan supuestos de engaño y prevalimiento. Hay diferentes penas según la edad del menor y la gravedad del delito.

Dentro de la protección judicial que se contempla para los miembros de una familia, habría que contemplar también la Ley contra la violencia de género.

Derecho de familia en España

El derecho de la familia en España queda recogido, principalmente, en el Código Civil, en el Libro número I y IV, que hace lo propio con cuestiones económicas. Ha habido, sin embargo, sucesivas reformas después de su promulgación han introducido necesarias modificaciones, a fin de ajustarse a las circunstancias reales de cada tiempo.

Entre ellas, cabe destacar la Ley de 4 de julio de 1970, que modificó las leyes sobre cómo adoptar; o la Ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la licencia o permiso marital; o las leye de 13 de mayo de 1981 y 7 de mayo de 1981, que regularon nuevos aspectos relativos al matrimonio (celebración, requisitos, separación y divorcio, etc.).

Asimismo, la Ley 13/2005 de 1 de julio permitió la unión de personas homosexuales, y la Ley 15/2005 de 8 de julio hizo modificaciones importantes en el capítulo de crisis de matrimonio, como la separación y el divorcio: divorcio sin necesidad de previa separación, libertad de decisión de los padres respecto al ejercicio de la patria potestad, mediación, obligaciones de los cónyuges...

La Constitución Española, por supuesto, también establece un marco legal e impulsó reformas de calado, sobre todo en temas de igualdad.

Y es que recoge la igualdad ante la ley sin que pueda existir discriminación por ningún motivo.

En cuanto a los delitos que se produzcan en el seno familiar, estos se recogen en el Código Penal.

Derechos y obligaciones de familia

En lo que respecta al matrimonio en el derecho de familia, el Código Civil recoge que los cónyuges son iguales en derechos y también en deberes, deben respetarse, ayudarse y actuar en interés de la familia. Están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

También deben compartir sus responsabilidades domésticas, el cuidado y atención de ascendientes y descendientes así como de otras personas dependientes a su cargo. Fijan de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia, es un juez quien resuelve. Ninguno puede atribuirse la representación del otro.

Están obligados recíprocamente a darse alimento los cónyuges y los ascendientes y descendientes. Con alimento se entiende sustento, habitación, vestido y asistencia médica, pero también la educación e instrucción de los menores de edad.

Los hijos, por su parte, tiene la obligación de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Además, deben contribuir de manera equitativa, en la medida en que puedan, en las cargas familiares.

Caracteres del Derecho de familia

Las normas jurídicas del derecho familiar tienen un contenido ético, en cuanto a que el núcleo familiar es una institución social que el Derecho acepta y protege. Las relaciones entre individuos prevalecen ante el interés supraindividual, regulando deberes y derechos en torno a, sobre todo, relaciones económicas.

Existe también limitación de la autonomía de la voluntad, en cuanto a que los derechos familiares están subordinados al interés del grupo familiar, lo que tiene interés, sobre todo, en cuanto al patrimonio.

Abogado de derecho de familia

Ante procedimientos de separación o divorcio, así como de otros conflictos que se presenten en el derecho de familia, lo mejor es contar con un abogado especializado en esta rama del Derecho Civil.

Los abogados de familia son profesionales con mucha experiencia a sus espaldas, por lo que pueden asesorar bien en derechos y obligaciones. Es una persona que muestra empatía con su cliente, pero no permite que las emociones influyan en su trabajo, y proporciona un trato cercano pero flexible.

Por supuesto, el abogado de familia tiene experiencia con este tipo de tribunales y conoce la jurisprudencia, por lo que puede ser de mucha utilidad. Puedes ver abogados de familia gratis para divorcios en este enlace.

Ahora ya tienes toda la información para saber qué es el derecho de familia, por qué es importante y cómo se regula en España en pleno año 2018.